La ley 975 de 2005 conocida como la ley de justicia y paz, tiene como objeto principal facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos organizados al margen de la ley, garantizando a su vez los derechos a las víctimas que han sufrido en Colombia por el accionar de estos grupos, esto es a la verdad, la justicia y la reparación.
Con esta ley se propuso garantizar todos los derechos a las víctimas a través de un proceso penal especial distinto al ordinario y consiste en que los ex combatientes o postulados por el gobierno nacional son beneficiarios potenciales de pena privativa de la libertad que oscilan entre 5 y 8 años, a cambio de decir la verdad sobre su pertenencia al grupo armado, contribuir a la reparación de las víctimas, y a la reconciliación nacional.
El ordenamiento legal vigente sobre la materia ha sido especialmente aplicado a los integrantes de las autodenominadas Auto Defensas Unidas de Colombia (AUC), aunque algunos ex combatientes, guerrilleros, desmovilizados individuales también se han postulado a esta ley, para su sometimiento a la justicia.
Esquemáticamente el procedimiento se encuentra resumido de la siguiente manera:
La principal crítica que se le ha hecho a la Ley ha sido el escaso número de sentencias (cuatro en total y sólo una en firme) que se han proferido hasta la fecha y la dificultad para una mejor atención a las víctimas de los grupos armados.
Si bien es cierto es una ley que fué creada pensando en la paz de Colombia y las víctimas, en la práctica constituye una ventaja considerable para los postulados por las penas poco significativas impuestas, por lo complejo y extensos juicios, y porque por lo general las reparaciones son simbólicas, al ser poco probable que se respalden los millonarios daños que se reclaman con los escasos bienes entregados producto de la actividad ilegal.
Autor:
Elkin Velez Miranda
Defensor Público experto en Justicia Transicional
Colaborador Autorizado
elkinvelez300@hotmail.com
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