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Reflexiones sobre el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera



Al revisar el caso concreto de Colombia y el recorrido histórico de los periodos presidenciales en las últimas cinco décadas del siglo XX, se observó que la gestión colectiva fué ardua e incansable para la búsqueda de la paz y su negociación a través de diferentes arreglos políticos, temporales e infructuosos en su mayoría, que al final no aportaron una consolidación definitiva para finalizar el conflicto armado y si un posconflicto incierto.


Los distintos procesos de justicia transicional en Colombia la historia del conflicto armado colombiano y la de sus procesos de paz tienen su origen en la segunda mitad del siglo XX, cuando una serie de hechos marcaron el rumbo que tomaría el país y serían el inicio de una época denominada como “La Violencia”.


En medio de la lucha partidista entre liberales y conservadores, el 9 de abril de 1948 fué asesinado el caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán, hecho que desató el terror en los campos y ciudades del país, escenarios del nacimiento de las autodefensas campesinas y las guerrillas liberales y comunistas.


En 1953 el General Gustavo Rojas Pinilla asume la presidencia tras un golpe de Estado y es durante su mandato que se produce la primera amnistía en la que cientos de guerrilleros liberales del llano, entregaron sus armas bajo el mando de Guadalupe. Es así como el General Rojas Pinilla amnistió a varios grupos en un proceso llamado la paz de los Llanos Orientales, y debido a ello se expidieron una serie de decretos presidenciales encaminados a dar solución a conflictos en Caldas, Cauda, Huila, Tolima y, Valle del Cauca.


En 1982, con Belisario Betancur Cuartas como Presidente elegido de la República de Colombia, se impulsó un proyecto de amnistía que se convirtió en ley el mismo año y que buscaba la desmovilización de los grupos insurgentes de la época, a su vez, se creó la Comisión de Paz encargada de propiciar acercamientos con los principales líderes guerrilleros.


El 28 de marzo de 1984 en el municipio de La Uribe-Meta, la Comisión de Paz formada por el Gobierno de Betancur selló el primer acuerdo de cese al fuego con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo Farc-EP y se ordenó un cese al fuego y se creó, una Comisión Nacional de Verificación. Igualmente, en agosto de 1984 se presentó un acuerdo de cese al fuego y de diálogo nacional entre la comisión de negociación con el Ejército Popular de Liberación EPL y el Movimiento 19 de Abril M-19, con los Acuerdos de Corinto, Hobo y Medellín donde las partes firmantes (una Comisión de Paz, Diálogo y Verificación, en representación del gobierno, y por los Comandantes del M-19) se comprometen a un cese bilateral del fuego y la búsqueda conjunta de una salida política al conflicto armado interno.


Se llegó a un acuerdo para suspender los ataques militares, el compromiso de no secuestro ni constreñimiento a personas, y respeto al Partido Comunista, y una serie de medidas para su interacción política. Sin embargo, tras años de conversaciones, treguas y acuerdos, los procesos de paz adelantados con los diferentes grupos guerrilleros llegaron a su fin en el año 1985, siendo su detonante el incumplimiento a lo pactado por parte del Gobierno y la guerrilla, la falta de garantías para ejercer la oposición, los ataques a la población civil y el accionar de los grupos paramilitares.


En su momento, el Gobierno de Betancur abrió el camino a su sucesor, Virgilio Barco Vargas (1986-1990) quien bajo un programa denominado como “Iniciativa para la Paz” logró la desmovilización del M-19 el 9 de marzo de 1990 y del EPL el 16 de mayo del mismo año. siendo este uno de los primeros procesos que, si bien no tuvo el componente de castigo, si se produjo que el cambio de Constitución política, por la vía de la convocatoria de una asamblea nacional constituyente, no fué producto de una imposición sobre los vencidos o el régimen anterior, sino la construcción de un régimen nuevo, construido por todos los sectores políticos del momento.


Ya, en 1986, bajo la presidencia de Barco en el proceso de paz con el M-19, se hicieron tres acuerdos: una reforma de la constitución política, y el voto obligatorio, unas circunscripciones especiales, lo cual no prosperó inicialmente. No obstante, el logro de la paz no pudo consolidarse, debido al recrudecimiento del narcoterrorismo y delitos como las masacres paramilitares, el genocidio contra la Unión Patriótica UP y el asesinato de tres candidatos presidenciales.


En 1990, asume la Presidencia Cesar Gaviria Trujillo (1990-1994), quien en medio del desarrollo de la Asamblea Nacional Constituyente posibilita nuevos diálogos con la guerrilla a pesar del bombardeo a “Casa Verde”, cuna de las FARC-EP y detonante de la intensificación del conflicto en los años siguientes. Entre abril y junio de 1992 el Gobierno estableció las negociaciones de paz con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (conformada por las FARC-EP, Ejército de Liberación Nacional ELN y el EPL) en Tlaxcala, México. La agenda abarcaba diez puntos, sin embargo, tras el secuestro y posterior muerte del ex ministro Argelino Durán por parte de guerrilleros del EPL los diálogos llegaron a su fin el 4 de mayo de 1992.


Posteriormente, el mandato presidencial de Ernesto Samper Pizano (1994-1998) discrepó de los anteriores, porque durante la mayor parte de su gobierno Samper tuvo que responder por su presunta participación como investigado del llamado proceso 8000. Asimismo, durante este gobierno ocurrió la caída del Cartel de Cali y la evolución del paramilitarismo, de las Convivir a las Autodefensas Unidas de Colombia AUC. No hubo gestión ni intento de conversaciones con los grupos guerrilleros.


El siguiente mandato correspondiente a Andrés Pastrana Arango, presidente entre 1998 y 2002, llevó a cabo el último diálogo formal con las FARC-EP, encaminando desde el inicio su política de Gobierno hacia la búsqueda de la paz, denominado el Proceso de Paz del Caguán. En agosto del mismo año, Álvaro Uribe Vélez asume la presidencia implementando la política de seguridad democrática. Durante su mandato se celebraron negociaciones y acuerdos con los grupos paramilitares del país, que, tras la promulgación de la Ley de Justicia y Paz en 2005, se inicia la desmovilización de alrededor 30.000 integrantes de las AUC, y la entrega de los principales jefes paramilitares, con la Ley 975 de 2005,-Ley de Justicia y Paz, que consolidó el marco jurídico para las negociaciones con los grupos de autodefensas en el denominado Proceso de Justicia y Paz .


Es así que, analizada fugazmente la trayectoria y gestión de estos gobiernos presidenciales en mención, quedaron registradas en la memoria histórica y política de Colombia las distintas estrategias que se ejecutaron para lograr la desmovilización de los grupos pertenecientes a la guerrilla y al paramilitarismo, y al desarme, así como al infructuoso amago de convenios de paz, que, si bien introducían medidas excepcionales para lograr sus objetivos, no se fundamentaban en un contexto transicional verdadero.


No fue hasta el siguiente gobierno presidencial de Juan Manuel Santos Calderón (2010-2018) cuando se abrió un verdadero camino para la búsqueda de paz y negociaciones con las FARC EP, iniciado el 4 de septiembre del 2012, logrando los acuerdos de paz con las FARC-EP de Cartagena y Colón, (tras una estrecha victoria del No en el Plebiscito de paz de 20162 ) y del cual se han logrado avances significativos hasta la fecha.


Aun cuando, es materia de investigación revisar si los mecanismos de justicia transicional inmersos en el Acuerdo de Colón, cumplen con las obligaciones de Colombia en virtud del derecho internacional y el derecho interno en materia de derechos humanos, y, sobre todo, si garantizan los derechos de las víctimas del conflicto armado. De otra parte, la situación del conflicto en Colombia ha sido única y compleja, dado que involucra no solo al Gobierno y a varios grupos insurgentes, sino que también compromete a los grupos paramilitares y los narcotraficantes.


Las relaciones entre estos actores están marcadas por la interacción del dinero, la ideología y la violencia. No obstante, estas características tan únicas para nuestro país, hay otros aspectos del contexto transicional en Colombia que se asemeja a situaciones similares de otros países. Aunque, lo más importante ha sido buscar soluciones para las fuertes tensiones que se presentan entre los imperativos jurídicos de satisfacción de los derechos de las víctimas y las necesidades de lograr el permanente cese de hostilidades, es decir, entre la justicia y la paz. Uprimny y Saffon comentan que, por otro lado, los procesos de la justicia transicional se ven regidos por las exigencias jurídicas de justicia impuestas desde el plano internacional (tratados, CPI, entre otros) que se concretan en el imperativo de individualizar y castigar a los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en la etapa previa a la transición. (Uprimny Yepes, R y Saffon Sanín, M.P. 2005. p.216) [...]


"De esa manera, mientras que las exigencias jurídicas antes mencionadas buscan proteger cabalmente los derechos de las víctimas de tales crímenes a la justicia, la verdad y la reparación, las necesidades de paz y de reconciliación nacional propias de los procesos transicionales presionan en dirección opuesta, pues para que los responsables de crímenes atroces decidan aceptar dejar las armas y llegar a un acuerdo de paz, resulta necesario que encuentren incentivos atractivos para hacerlo, tales como el perdón y el olvido de sus actos".


Luis González

Presidente TRIBUNA CONTENCIOSA

Defensoría del Pueblo de Colombia

Federación Iberoamericana del Ombudsperson

Colaborador autorizado






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