¿Medicina Legal de Barranquilla irrespeta a los cadáveres?
- Victor Manuel Rios Mercado
- hace 7 días
- 3 Min. de lectura
Actualizado: hace 5 días
La protección a los cadáveres esta íntimamente relacionada con el derecho fundamental a la dignidad humana, y parte del respeto que se le debe rendir a los despojos mortales de una persona, precisamente porque así ha sido aceptado la historia de la humanidad de generación en generación mediando aspectos culturales y religiosos.
A parte, recordemos que un cadáver en algún momento dejó de serlo y tenía un derecho fundamental que denominamos vida, por lo que está protegido por los tratados internacionales y regionales, el derecho consuetudinario internacional y los sistemas jurídicos nacionales.
En el marco internacional su protección se encuentra en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, las convenciones africana, interamericana y europea de derechos humanos y la Carta Árabe de Derechos Humanos.
Este derecho irradia a los familiares, puesto que estos merecen que las autoridades del estado, en el caso de medicina legal, realice el protocolo de necropsia sobre sus familiares o parientes fallecidos para determinar las causas de una muerte violenta y ser devueltos en optimas condiciones dentro de un plazo razonable, para finalmente dar cristiana sepultura a los que ya no están.
Cuando la muerte de un ser humano es violenta, le corresponde al Estado, a través del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, examinar el cuerpo mediante un dictamen de necropsia y proporcionárselo a las autoridades para que se determine sus causas e investigue a los responsables; sin embargo ello se debe realizar en un termino inmediato para preservar el cadáver, es decir evitar su descomposición y causar el menor dolor a los familiares.
Colombia hace parte del Protocolo de Minessota, un instrumento internacional que entró en vigencia en el año 2.016 y establece estándares para investigaciones sobre muertes potencialmente ilícitas o desapariciones forzadas, con el objetivo de proteger el derecho a la vida, promover la justicia, asegurar la rendición de cuentas y garantizar el derecho a la reparación mediante investigaciones eficaces cuando el Estado es sospechoso de causar la muerte o de no prevenirla ilícitamente.
A parte, la legislación penal castiga el irrespeto por los que ya no están en el art. 204 del C.P. de la Ley 599 del 2.000 (Código Penal) que señala:
Quien profane, mutile, destruya, o realice actos de irrespeto a un cadáver o restos humanos será sancionado con una pena de prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses y una multa de seis (6) a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En la actualidad El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la ciudad de Barranquilla, cuya dirección se encuentra a cargo de Erika Vargas Sánchez, acredita su incompetencia frente a lo que se podría catalogar como una crisis sanitaria.
La razón, los cadáveres que administra los entrega a los familiares en estado descomposición producto de la indebida administración de recursos humanos y técnicos; y en el peor de los casos, los retiene injustificadamente a sus familiares mientras se percibe en sus alrededores el cruel hedor de la putrefacción.
Según sus conocimientos deja mucho que desear su capacidad administradora, dejando al descubierto que su falta de competencia como servidora del estado, es producto de un favor político, donde los empleados realmente capacitados y que se someten a un concurso estatal jamás saborearán esta oportunidad.
Esta servidora del estado con mas de 17 años de experiencia burocrática, muy seguramente será reasignada a otra sede del mismo Instituto porque para nadie es un secreto que es un fortín político que se habilita para quienes financian campañas electorales y permite saldar deudas o favores políticos.
¿Que deben hacer los familiares de los fallecidos?
Denunciar estos hechos penalmente y demandar al Estado, puesto que todo daño que se reciba se denomina FALLA EN EL SERVICIO por acción u omisión de sus servidores.
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