Prisión para inhabilitados
Actualizado: hace 3 días

El 30 de octubre de 2027, se realizarán en Colombia elecciones para elegir a gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles. Sin embargo, a la fecha, algunos empleados públicos y contratistas del Estado, que desean ser candidatos a alguna de estas corporaciones, no saben que debieron renunciar a sus cargos o contratos el pasado 30 de octubre para no inhabilitarse, desconociendo que, de ser elegido estando inhabilitado, incurrirán en prisión.
Con el fin de que se conozcan las inhabilidades para ser inscrito como candidato al concejo municipal o distrital, por cuanto es el cargo al que más candidatos se inscriben y es el cargo en el que mayor confusión hay acerca de los tiempos en que deben renunciar los funcionarios públicos o contratistas que desean ser candidatos, comparto el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, el cual fue modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000:
“No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:
1. Quien haya sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas.
2. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio o distrito, o quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador de gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito.
3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito.
4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio o distrito; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo municipio o distrito en la misma fecha.
Como quiera, que en el país se ha vuelto una práctica creciente inscribirse como candidato a un cargo de elección popular estando inhabilitado, como lo señala la Corte Constitucional en la sentencia C-233 del 29 de mayo de 2019, desde el año 2017, el código penal busca evitar este tipo de prácticas, por esta razón, en su artículo 389A, advierte que: “El que sea elegido para un cargo de elección popular estando inhabilitado para desempeñarlo por decisión judicial, disciplinaria o fiscal incurrirá en prisión de cuatro (4) a nueve (9) años y multa de doscientos (200) a ochocientos (800) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
Autor:
Luis Angel Martinez Angel
DEFENSOR PÚBLICO
Colaborador autorizado
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