¿Cuáles son los requisitos para que las aceptaciones electrónicas sean válidas?
Actualizado: hace 3 días

En Colombia, los documentos aceptados, suscritos, enviados o recibidos por medios electrónicos pueden tener plena validez jurídica y probatoria, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la legislación colombiana.
Esta protección se encuentra principalmente en la Ley 527 de 1999, que regula los mensajes de datos, el comercio electrónico y las firmas digitales, y en el Decreto 1074 de 2015, que incorpora la reglamentación de la firma electrónica.
Hoy en día existen 3 formas de aceptar acuerdos por medios electrónicos:
A. Firma electrónica
Es un mecanismo que permite identificar al firmante y demostrar su aprobación del contenido.
Puede utilizar, por ejemplo:
- Aceptación mediante un botón de «Acepto».
- Código de verificación enviado al celular.
- Clave personal o contraseña.
- Firma realizada sobre una pantalla táctil.
- Aceptación mediante plataformas de contratación electrónica.
- Mecanismos de autenticación asociados a un correo electrónico.
No es obligatorio que toda firma electrónica esté respaldada por un certificado digital expedido por una entidad de certificación.
B. Firma digital
Es una modalidad específica de firma electrónica que utiliza procedimientos criptográficos para garantizar la autenticidad e integridad del documento.
Permite verificar la identidad del firmante y detectar modificaciones posteriores al momento de la firma.
C. Aceptación electrónica
Una persona puede manifestar su voluntad de aceptar un documento o contrato mediante un sistema electrónico, incluso sin insertar una imagen de su firma manuscrita.
Sin embargo, debe existir evidencia suficiente de que la aceptación fue realizada por esa persona y que recayó sobre el contenido específico del documento.
El fundamento normativo de estas modalidades se encuentra en la Ley 527 de 1999 y en los artículos 2, 3 y 4 del Decreto 2364 de 2012, incorporado al Decreto 1074 de 2015.
Es decir, que si alguien señala que celebró acuerdo bajo esta modalidad debe poder demostrar:
Identidad: quién realizó la aceptación.
Autenticación: qué mecanismo permitió verificar su identidad.
Documento aceptado: cuál fue exactamente el texto, contrato, autorización o formulario aceptado.
Consentimiento: qué evidencia demuestra que la persona manifestó su voluntad.
Fecha y hora: cuándo ocurrió la aceptación.
Integridad: que el documento no fue modificado después de su aceptación.
Registro de auditoría: que existe una trazabilidad de la operación.
Conservación: que el documento y sus evidencias pueden recuperarse y consultarse posteriormente.
Entonces es cuestionable este tipo de aceptación cuando:
La entidad solamente presenta una captura de pantalla de su sistema.
No acredita cuál era la dirección electrónica o número telefónico del destinatario.
No aporta registros técnicos de transmisión.
No demuestra que el mensaje llegó al sistema receptor.
No conserva el contenido exacto que supuestamente fue enviado.
No puede identificar quién realizó la aceptación.
No demuestra que el código de autenticación fue utilizado por el titular.
No puede establecer si el documento fue modificado después de la aceptación.
No aporta registros de auditoría que permitan reconstruir la operación.
En consecuencia, no resulta suficiente aportar una impresión de pantalla, una anotación de la base de datos institucional o un registro interno que indique que la operación fue realizada satisfactoriamente.
De conformidad con el artículo 7 de la Ley 527 de 1999, la entidad debe acreditar que el mecanismo utilizado permitía identificar al iniciador de la operación e indicar que el contenido específico del documento contaba con su aprobación, mediante un procedimiento confiable y apropiado para la finalidad perseguida.
Por consiguiente, si no se acepta este acuerdo de voluntades se debe solicitar la evidencia técnica que permita verificar:
La identidad de quien realizó la operación.
El procedimiento de autenticación utilizado.
La acción inequívoca de aceptación.
La fecha y hora de su ejecución.
El contenido íntegro y la versión exacta del documento aceptado.
La integridad de los registros electrónicos.
La trazabilidad de la transacción y los registros de auditoría.
La ausencia de estos elementos, o su insuficiencia para atribuir la operación al usuario, impide tener por demostrada automáticamente la manifestación de voluntad que la entidad pretende hacer valer.
La controversia deberá resolverse mediante la valoración conjunta de las pruebas, conforme a los artículos 10 y 11 de la Ley 527 de 1999 y las reglas de carga probatoria del artículo 167 del Código General del Proceso.
Recordemos que el consentimiento es uno de los requisitos de todo acuerdo de voluntades, y la tecnología no puede suplirlo como lo señala el art. 1502 del C.C.
Víctor Ríos Mercado
Abogado Magister en Derechos Humanos
Instituto Europeo Campus Stellae de España
Whatsapp: (316) 2849211-(300) 8189898
Quedaste con dudas?. Necesita asistencia reclamar este derecho o uno similar? Cubrimiento en toda Colombia, 24/7. Programa tu cita desde la comodidad de tu ordenador o celular haciendo click AQUI
Para más información de nuestros servicios legales visite nuestra página web:
Comparte este artículo y síguenos en nuestras Redes Sociales:









Comentarios