¿Qué se disputa Barranquilla y Puerto Colombia?
Actualizado: 12 nov

El conflicto entre Barranquilla y Puerto Colombia no es simplemente una discusión sobre dónde termina un municipio y comienza el otro. Es una controversia territorial con consecuencias jurídicas, fiscales, urbanísticas y políticas, porque comprende terrenos de alto valor inmobiliario, universidades, colegios, centros comerciales, conjuntos residenciales y grandes proyectos de construcción.
El conflicto tiene antecedentes que se remontan a comienzos del siglo XX, pero adquirió una dimensión económica considerable con la expansión urbana hacia el norte de Barranquilla.
La zona más relevante de la controversia es el denominado Corredor Universitario, que comprende sectores como Villa Campestre y áreas de desarrollo inmobiliario como Villa Campestre, Corredor Universitario, Universidad del Norte y otras instituciones universitarias como la Libre, del Atlántico, Sergio Arboleda, Colegios privados, Centros comerciales y establecimientos empresariales, Ciudad Mallorquín y otros desarrollos inmobiliarios, Sectores relacionados con la ciénaga de Mallorquín y Puerto Mocho.
La Cronología histórica de este conflicto se explica así:
1913 – Ordenanza 030 de la Asamblea del Atlántico-
Es uno de los documentos históricos fundamentales. Estableció la organización territorial de la provincia de Barranquilla y señaló a Puerto Colombia como municipio con las agregaciones de Salgar y La Playa.
Esta disposición es hoy uno de los principales soportes históricos de la discusión.
1961 – Nueva delimitación departamental-
La Asamblea expidió una ordenanza para precisar los límites entre los municipios. Esta regulación fue posteriormente anulada por decisiones judiciales, lo que mantuvo la incertidumbre.
1993 – Acto Legislativo 01-
Este es un momento determinante.
El Congreso elevó a Barranquilla a Distrito Especial, Industrial y Portuario e incorporó expresamente a su comprensión territorial el barrio Las Flores, el corregimiento de La Playa y el tajamar occidental de Bocas de Ceniza, incluyendo el sector de la ciénaga de Mallorquín.
En consecuencia, La Playa dejó de formar parte de la jurisdicción de Puerto Colombia y quedó incorporada a Barranquilla.
1999 – Ordenanza 021-
La Asamblea del Atlántico volvió a establecer límites entre Barranquilla, Puerto Colombia y Tubará.
Esta disposición fue declarada nula por el Tribunal Administrativo del Atlántico en 2003, decisión confirmada por el Consejo de Estado el 9 de diciembre de 2004.
2005-2009 – Estudios técnicos del IGAC-
Se adelantaron estudios de deslinde, reuniones, visitas de campo y análisis cartográficos. Barranquilla y Puerto Colombia presentaron propuestas diferentes.
El IGAC elaboró un informe que identificaba el arroyo Grande como referencia para establecer el límite territorial.
2009 – Ordenanza 075-
La Asamblea Departamental expidió la Ordenanza 075 del 7 de diciembre de 2009, que estableció una delimitación favorable a Puerto Colombia e incorporó a su jurisdicción el territorio que actualmente se conoce como Corredor Universitario.
Esta es la disposición que terminó siendo anulada en 2025.
2016 – Primera sentencia de nulidad-
El Tribunal Administrativo del Atlántico declaró nula la Ordenanza 075.
6 de febrero de 2025 – Consejo de Estado-
La Sección Primera confirmó la nulidad de la Ordenanza 075, en segunda instancia.
2025-2026 – Nuevo procedimiento de deslinde-
El IGAC adelantó un nuevo estudio técnico y remitió su propuesta al Congreso. La controversia pasó a la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado y de la Cámara.



Barranquilla nunca cedió predios a Puerto Colombia, fue la asamblea departamental mediante la Ordenanza 075 de 2009 fue la que consolidó la incorporación del Corredor Universitario a Puerto Colombia.
Según el exdiputado Ernesto Crissien, algunos diputados apoyaron que el territorio quedara en Puerto Colombia porque el municipio necesitaba esos recursos para fortalecerse, mientras Barranquilla tenía mayores ingresos.
La ordenanza se aprobó con 12 votos favorables y dos ausencias, correspondientes a los diputados de Cambio Radical que se oponían a la iniciativa.
Es decir, no fue una transferencia gratuita de terrenos: fue una decisión de delimitación administrativa que tuvo consecuencias fiscales muy importantes.
La propuesta del IGAC favorece territorialmente a Barranquilla en aproximadamente el 90 % del área discutida.
Mientras que el Distrito sostiene que el Acto Legislativo 01 de 1993 y la Ordenanza 030 de 1913 constituyen antecedentes normativos que respaldan su posición histórica considera que la Ordenanza 075 de 2009 desconoció las competencias constitucionales para delimitar el territorio distrital.
Barranquilla sostiene que los antecedentes documentales, cartográficos y geográficos demuestran que el territorio discutido debe quedar dentro de su jurisdicción, sin embargo, el real interés es económico y urbanístico.
La zona se ha convertido en uno de los principales polos de expansión inmobiliaria del área metropolitana.
El desarrollo de Ciudad Mallorquín, las universidades, los establecimientos comerciales y las urbanizaciones ha incrementado considerablemente su importancia fiscal.
En términos prácticos, quien tenga jurisdicción sobre el territorio tendrá competencias municipales sobre ordenamiento territorial, gestión urbana, servicios, inspección y recaudo de tributos municipales, dentro del marco legal correspondiente.
La primera decisión favorable para Barranquilla fue la la nulidad de la Ordenanza 075 de 2009, decretada por El Consejo de Estado, mediante sentencia del 6 de febrero de 2025, confirmó la nulidad de la Ordenanza 075.
El fundamento central fue que la Asamblea Departamental no tenía competencia para fijar los límites entre un distrito y un municipio en las condiciones del caso.
La competencia correspondía al Congreso de la República, conforme al artículo 150 de la Constitución.
Para el mes de Agosto de 2026: el IGAC presentó su propuesta técnica al Congreso, favoreciendo a Barranquilla pero no constituye por sí solo la decisión legislativa definitiva, es decir que se requiere la Ponencia y decisión legislativa con intervención de las comisiones y las plenarias del Congreso.
Al año 2.026 están en disputa $40.000 millones que representan los ingresos tributarios que comprenden ingresos provenientes del Impuesto predial unificado, Impuesto de industria y comercio (ICA), Avisos y tableros, Impuesto de delineación urbana, Sobretasas y otros tributos municipales.
Mientras se disputan 1.402 hectáreas, el IGAG propone que queden bajo el control de Barranquilla 1.036 hectáreas.
A parte de lo económico, este conflicto tiene un tinte politico bastante evidente, la disputa entre el Clan Char y el de los Torres, antagonistas políticamente de vieja data que presagia una disputa de poderes a largo plazo, donde el espectáculo circense hambriento de tributo presagia que la lucha territorial puede estar del lado del pez grande, si el Congreso de la República inclina su postura en favor de los afines del Ejecutivo.
Víctor Ríos Mercado
Abogado Magister en Derechos Humanos
Instituto Europeo Campus Stellae de España
Whatsapp: (316) 2849211-(300) 8189898
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