La Superintendencia de Sociedades "SI" defiende a los trabajadores

Victor Manuel Rios Mercado
5 feb
3 Min. de lectura

Actualizado: hace 3 días

La Superintendencia de Sociedades es un organismo técnico adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. Su función principal es ejercer la inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles, asegurando que cumplan con las normas legales y operen de manera adecuada.

Cuando un trabajador se vincula a alguna sociedad regulada por este ente es despedido, se le adeudan acreencias laborales por orden judicial y finalmente estas personas jurídicas deciden no pagar por inactividad de activos bancarios, o en el peor de los casos, mediante una liquidación de hecho, es posible acudir a este organismo de control para forzar una liquidación forzosa.

La razón es sencilla, la Ley 222 de 1995 establece normas que a su vez son Deberes de los administradores de las sociedades y que pueden determinar algún grado de :

responsabilidad civil
responsabilidad por abuso o negligencia
obligación de actuar con buena fe, lealtad y diligencia.

En el caso de las acreencias laborales societarias, se encuentra la violación a los deberes de los administradores (art.23) y las sanciones a las que podrían estar inmersas son (art.86):

1. Multas

La Superintendencia puede imponer multas sucesivas o no, a:

la sociedad
sus administradores
revisores fiscales
contadores
cualquier persona que incumpla deberes legales o instrucciones

2. Remoción de administradores

Puede ordenar la remoción del representante legal, miembros de junta directiva u otros administradores, cuando:

incumplen la ley
violan estatutos
realizan actos perjudiciales
desatienden órdenes de la Superintendencia

3. Prohibición para ejercer el comercio o administrar sociedades

Puede imponer la inhabilidad para ejercer actividades comerciales o actuar como administrador, en casos graves o reiterados.

4. Ordenar medidas correctivas

Puede ordenar:

corrección de estados financieros
corrección de libros contables
ajustes en decisiones societarias
cumplimiento de obligaciones legales
adopción de medidas administrativas para proteger socios o acreedores

5. Declarar la disolución y ordenar liquidación

En ciertos casos graves, la Superintendencia puede ordenar la disolución de la sociedad y la apertura de su liquidación (especialmente cuando se evidencia imposibilidad de operar legalmente o irregularidades graves).

Esta facultad investigativa es de carácter oficioso y se encuentra prevista en la Ley 222 de 1.995 que señala lo siguiente:

Ley 222 de 1995

ARTÍCULO 83. INSPECCIÓN. La inspección consiste en la atribución de la Superintendencia de Sociedades para solicitar, confirmar y analizar de manera ocasional, y en la forma, detalle y términos que ella determine, la información que requiera sobre la situación jurídica, contable, económica y administrativa de cualquier sociedad comercial no vigilada por la Superintendencia Bancaria o sobre operaciones específicas de la misma. La Superintendencia de Sociedades, de oficio, podrá practicar investigaciones administrativas a estas sociedades.

Por ser oficioso, se debe acreditar un interés legítimo, que para el caso en particular sería: la existencia de una sentencia judicial de origen laboral debidamente ejecutoriada, una liquidación del crédito debidamente ejecutoriada, el certificado de existencia y representación legal de la sociedad donde se acredite el embargo del establecimiento de comercio, y la explicación de la evasión para el pago de un derechos social y fundamental de primer orden.

Una sociedad puede ser sancionada por: no presentar estados financieros, no llevar contabilidad adecuada, ocultar información, no atender requerimientos de la Supersociedades, no reportar situaciones de control o grupo empresarial y no liquidar sus activos para cubrir los activos laborales de un trabajador.

Las sanciones posibles a imponer serían :

-Multas de forma sucesiva de hasta 200 s.m.l.v mientras subsista el incumplimiento tanto a la sociedad como a los administradores (representante legal, revisor fiscal, contador, etc.).ARTÍCULO 86. numeral 3.

-Ser denunciada por el delito de Fraude a una resolución judicial o administrativa, si no acata las ordenes que imparta el Superintendente o también punibles como la falsedad documental o la administración desleal.

Y genera también responsabilidad extracontractual (si hubo fraude o mala fe).

En suma, las sentencias judiciales que reconozcan derechos laborales y que no se han podido materializar (pagar) tienen una buena alternativa para que se reconozcan los créditos de esta naturaleza.

Nota: Esta ley aplica para todas las sociedades comerciales, entre ellas:

🔹 1. Sociedad Anónima (S.A.)

🔹 2. Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.)

Aunque la S.A.S. fue creada después por la Ley 1258 de 2008, se le aplican muchas reglas generales de la Ley 222).

🔹 3. Sociedad Limitada (Ltda.)

🔹 4. Sociedad Colectiva

🔹 5. Sociedad en Comandita Simple (S. en C.)

🔹 6. Sociedad en Comandita por Acciones (S.C.A.)

Víctor Ríos Mercado

Abogado Magister en Derechos Humanos

Instituto Europeo Campus Stellae de España

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