El oficio de la abogacía se constituye como una de las profesiones liberales más complejas pero a la vez esenciales para el funcionamiento de los estados.
Un abogado se forma y se titula en un establecimiento de educación superior en áreas multidisciplinarias jurídicas para obtener un conocimiento generalizado y conceptual de los marcos normativos de una sociedad para entonces comprender sus orígenes. A partir de allí, puede determinar los límites y los alcances de los derechos y las obligaciones de un ciudadano para hacerlos prevalecer, dado que para una nación, en la práctica, es complejo ejercer veeduría o vigilancia permanente individual o colectiva a cada uno de sus asociados para garantizar un real y material cumplimiento de la ley.
Si bien es cierto es una profesión dinámica que permite su ejercicio en un sin número de escenarios que van desde la prestación de un servicio en el sector privado a lo público, ya que las relaciones estado-persona y persona-persona requieren de un conocimiento profundo de la norma, se destaca dentro del gremio el oficio de los litigantes como el más puro y esencial por sus connotaciones históricas y por aspectos teleológicos (finalistas) que hacen inconcebible que un estado social derecho exista sin estos.
Un abogado litigante, ejerce la profesión de manera liberal e independiente al servicio de particulares o del estado, pero se diferencia de los servidores del Estado o de los abogados vinculados al servicio de éstos porque pueden aplicar su conocimiento ante los estrados judiciales o administrativas en defensa de uno de lo extremos en conflicto sin generar colisión de intereses y es entonces cuando se generan sus honorarios profesionales, es decir la compensación económica por su trabajo desplegado.
El oficio de un litigante, no es sólo la disputa, que se podría entender como la representación, defensa y reclamación cuando peligra o se presenta una lesión a un derecho particular o colectivo, si no que también comprende servicios como la asesoría preventiva o correctiva, y de gestión; ya que como estratega evitará a todo costo procesos judiciales y administrativos complejos e interminables plagados de incertidumbres. Cuando sea inevitable su presencia en el escenario judicial, siempre se blindará de las mínimas garantías para la obtención del mejor resultado para su cliente.
Por ser una profesión u oficio liberal su ejercicio genera obligaciones de medio y nó de resultados, es decir que no se puede garantizar un éxito específico, entendido este concepto como lo que se pretende con la representación legal, pero si se debe desplegar un servicio diligente (cuidadoso) con base al conocimiento y la experiencia adquirida para el asunto encargado. Una gestión encomendada, por muy fácil que parezca, no solamente depende de la proyección que el litigante le implemente, si no de la respuesta que se genere y sus consecuencias jurídicas. Igual sucede con los encargos complejos, por lo que la labor debe contemplar un abanico de probabilidades bajo la premisa que si no se hace o no se procede a tiempo se pierde una oportunidad o también para minimizar un riesgo determinado.
Por ser un oficio independiente, depende su subsistencia no sólo de sus habilidades intelectuales si no que los servicios contratados sean debidamente retribuidos, y de la dinámica administrativa y judicial, por lo que siempre siempre estará bajo la cuerda floja su subsistencia personal y su estabilidad financiera. De allí, que muchos desistan de su ejercicio profesional bajo la excusa válida que la profesión es inestable financieramente.
En Colombia, ser litigante es un verdadero apostolado y un desafío personal y profesional puesto que: no existen colegios estructurados y consolidados que rodeen a sus partícipes de verdaderas garantías en el ejercicio de la profesión, predomina el abrumante desempleo y la proliferación de centros educativos que facilitan su titulación sin consultar la oferta y la demanda del mercado; y la inversión (dinero+tiempo) de la preparación académica no compensa la oferta salarial ni la tarifaria visible en las bolsas de empleos. Además, por el alto costo de la canasta familiar que dificulta o impide pagar este servicio en proporciones justas, se promueve la competencia desleal al momento de pactar o tasar honorarios profesionales muy por debajo de la media establecida, y se prometen resultados ilegales a partir de meras expectativas.
En países del primer mundo, este oficio es menos apetecido por sus habitantes pero mejor pago por las dinámicas económicas que ofrecen múltiples alternativas de empleo y que demandan menos tiempo de preparación como no sucede en Colombia. A parte, el flujo de capital circulante permite recurrir al servicio del profesional en condiciones dignas, sin mezquindades y sin experimentarse el egoísmo dentro del mismo gremio.
Por ello, quien decide asumir su rol debe ser disciplinado con el conocimiento y el ejercicio de la ley, paciente, perfeccionista y organizado con su trabajo. A su vez, quien contrata a un trabajo litigante debe ser consciente que su materia prima es el conocimiento, que no es un simple tramitador, que su labor es digna y ante todo, que es la voz especializada más indicada y dotada de destrezas legales para resolver dudas, procedimientos y conflictos.
Victor Rios Mercado
Abogado Magister en Derechos Humanos
Instituto Europeo Campus Stellae de España
Whatsapp: (316) 2849211-(300) 8189898
Colombia-Sur América
Para más información visite nuestra página web: